Por: Ramón Rubio Donoso, Rector del CFT Estatal de Los Ríos, presidente de CFTECH
Los Centros de Formación Técnica Estatales de Chile han superado con creces las expectativas planteadas en la discusión de la ley que los creó hace ya nueve años. Al año 2025, han incrementado su matrícula en más de un 50% respecto a las proyecciones iniciales y están presentes en 41 comunas del país, siendo en el 62% de ellas los únicos oferentes de educación superior. Este logro evidencia su impacto territorial y su rol estratégico en democratizar el acceso a la formación técnica.
Sin embargo, este avance no ha sido acompañado por un respaldo presupuestario proporcional. A pesar de lo establecido en el informe financiero de la ley, al año 2025 sólo se ha ejecutado el 87% de los recursos comprometidos para infraestructura y equipamiento. Esta brecha plantea una interrogante fundamental: ¿cuál es el valor real que el Estado le asigna a la educación técnica estatal?
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa que, mientras el Presidente ha fijado como meta alcanzar los 25 mil estudiantes antes de finalizar su mandato, el proyecto de ley de presupuesto 2026 propone una reducción del 71% en el subtítulo 33 destinado a los CFT Estatales. Esta es la mayor caída en dicho ítem, incluso superior a la disminución de las transferencias de capital a universidades privadas (26,7%).
Si bien es cierto que las necesidades de infraestructura y equipamiento han disminuido con el tiempo, aún queda mucho por avanzar. En 2025 se presentaron proyectos financiables equivalentes a 4,5 veces el presupuesto propuesto para 2026, sin considerar además tres edificios institucionales que aún no cuentan con financiamiento.
No existen antecedentes públicos que expliquen una rebaja presupuestaria de tal magnitud. Aunque entendemos el contexto de estrechez fiscal, no encontramos criterios consistentes que justifiquen esta medida. Más aún, mientras el presupuesto para infraestructura en universidades estatales —que triplica al de los CFT Estatales— aumenta en un 0,9%, el nuestro se reduce drásticamente.
Por ello, hacemos un llamado al Parlamento, especialmente a los diputados y senadores que integran la Comisión Mixta de Presupuesto y la Comisión de Educación, a revisar esta decisión y buscar alternativas que permitan revertirla. Esta medida podría afectar gravemente el desarrollo de instituciones que llevan formación técnica de nivel superior a territorios donde el Estado, en muchos otros aspectos, aún no llega.
