En este contexto es urgente, para el Estado en su conjunto, recuperar la confianza y legitimidad de su accionar, generando una nueva relación entre el Estado y las personas, para lo cual se propone como la solución profunda y permanente su “Agenda de Modernización”. Así esta agenda se propone, como una tarea permanente, avanzar hacia la generación de un Estado moderno y democrático, que bajo una coordinación centralizada incorpora en colaboración a una diversidad de actores para la promover la modernización, transformación e innovación orientada a la generación de valor público.
La agenda de modernización del estado 2022-2026 está asociada al ciclo presidencial y se diferencia sustancialmente, a nivel de principios e iniciativas, con la agenda 2018-2022 correspondiente al ciclo presidencial pasado. Sin entrar en comparaciones y evaluaciones inoficiosas a estas alturas, es una señal de poca esperanza, que en su origen “La agenda”, haya sido contagiada por el “virus” que ataca a las orientaciones estratégicas del estado, el “presidencialismo y sus ciclos electorales”, que impide que las políticas de estado sean acuerdos de largo plazo. Sin perjuicio de lo anterior, se valora la existencia de una agenda y su conjunto de iniciativas que en este ciclo se focalizan en: Personas en el Estado; Servicios ciudadanos y experiencia usuaria; Descentralización; Transformación Digital; Transparencia e integridad pública; Mejor gasto público.
Entre las iniciativas de la agenda 2022-2026, desde la perspectiva de las regiones, destacan aquellas que apuntan a fortalecer las capacidades y competencias de los gobiernos regionales y locales, y de forma indirecta, las relacionadas con los servicios ciudadanos y experiencia usuaria, que buscan mejorar la entrega de servicios a la ciudadanía; eficientes, de calidad, accesibles, oportunos y con foco en la experiencia usuaria de las personas, lo que inherentemente se traduce también en descentralización, pues prestar una atención centrada en el usuario implica necesariamente otorgar competencias y capacidades para que los funcionarios del “Front office”, puedan resolver con autonomía.
Si conjugamos la necesidad de aumentar la confianza e incrementar el valor de lo público, con fortalecer la satisfacción de usuario con programas que respondan adecuada oportuna y eficazmente a las necesidades de las comunidades, en un marco de transparencia y productividad, es difícil pensar que sea posible sólo en un ciclo presidencial y bajo la responsabilidad exclusiva del ejecutivo, pues la tarea de modernización de un estado es titánica y demandará probablemente mucho más de 4 años para que no sea un cambio cosmético o simplemente la implementación “a fuerza”, de algunos softwares y plataformas.
Actualmente una institución pública de educación superior (Universidades o Centros de Formación técnica), debe reportar al menos a 4 instituciones del estado distintas mensualmente, prácticamente la misma información, pero en formatos distintos y en muchos casos obligatoriamente en papel. A la Contraloría General de la República debe informárseles (y en muchas ocasiones solicitar pronunciamiento preventivo de legalidad) de todas las contrataciones tanto de honorarios como de planta o contrata, vía SIAPER, información que también debe reportarse a la Dirección de presupuesto, al consejo para la transparencia y dependiendo de los recursos utilizados para su pago, al Ministerio de Educación, en este caso 100% en papel. Esta situación se repite en la presentación de información financiera, donde debemos agregar al Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia de Educación Superior.
La modernización del estado puede transformarse en el derrotero que logre encausar el rol, un tanto perdido a estas alturas, de cierta clase política, aunando miradas con perspectivas de largo plazo, más allá de los ciclos políticos y que no sólo considere los servicios públicos centralizados dependientes del presidente de la república, sino que integre a los demás poderes y de manera prioritaria a los organismos de control, muy importantes en su rol de garantes de la confianza pública, pero que demandan en forma urgente de profundas transformaciones y modernizaciones para hacer que los principios básicos de control se cumplan, especialmente aquellos referidos a la eficiencia y eficacia del control.
