En el marco de la discusión presupuestaria 2025 y ante el problema económico básico: “necesidades múltiples y recursos escasos”, es natural cuestionarnos cómo priorizaremos el presupuesto de la nación, más aún, en tiempos de déficit fiscal, bajo crecimiento económico y fragilidad del empleo, que para el Banco Mundial representan desafíos claves y lo sintetiza como la necesidad de avanzar hacia un crecimiento mayor y más inclusivo.

Los Centros de Formación Técnica Estatales (CFTE) representan, probablemente, una de las políticas públicas que mejor reflejan las prioridades que debería tener el próximo presupuesto nacional, pues sus más de 15 mil estudiantes actuales (25 mil proyectados al año 2026), que se distribuyen en cada una de las regiones del país, demandan infraestructura pública y se orientan fuertemente a la formación de trabajadores, tanto en programas de formación técnica como de oficios o perfeccionamiento orientado a los sectores con mayor potencial de desarrollo.

De acuerdo con lo señalado por el ministro de Hacienda, las necesidades de inversión son una prioridad, tanto en obras públicas como en vivienda y construcción en general, así como en el fortalecimiento de sectores industriales con potencial como el cobre, el litio, las energías renovables, el hidrógeno verde, la economía digital y el turismo. Estos sectores requieren un andamiaje que permita su desarrollo sostenible, rol que cumplen los CFTE al concentrar un tercio de su oferta en carreras relacionadas con los sectores indicados.

“Para Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes UC, la capacidad de crecimiento potencial de la economía tiene tres principales fuentes: productividad, stock de capital y participación laboral. Se necesita mejorar en educación y capacitación de la fuerza laboral”.

La OCDE coincide con esta perspectiva, indicando que el 40% de los adultos con un nivel educativo inferior al secundario superior están desempleados, en comparación con el 23% de los que tienen un nivel educativo superior o postsecundario no terciario y el 13% de los adultos con educación terciaria.

Desde la perspectiva de González, el impacto en la productividad de los CFTE parece evidente, sobre todo al analizar el perfil de sus estudiantes: con una edad promedio de 30 años, dos tercios son mujeres y también dos tercios estudian en jornada vespertina, compatibilizando estudios con trabajo. Además, 8 de cada 10 estudiantes no provienen de capitales regionales, lo que evidencia su papel inclusivo y de desarrollo territorial.

A la luz de estos datos, parece razonable que el presupuesto 2025 de la subsecretaría de educación superior exprese de forma clara el rol de los CFTE en la reactivación económica y el desarrollo sostenible de nuestro país, corrigiendo las desigualdades que se han generado en relación con el subsistema universitario, que recibió 52 veces más presupuesto directo en 2024, a pesar de que ni la matrícula de primer año ni la matrícula total lo justifican.

Repetir un presupuesto que no ha empujado el crecimiento ni el desarrollo sostenible de forma significativa parece un camino poco razonable. Por lo tanto, el llamado es a las autoridades y al parlamento a empujar con valentía y convicción los pequeños cambios necesarios, como fortalecer el rol de instituciones como los CFTE que han demostrado su capacidad de responder de manera flexible a los cambios, especialmente aquellas que nacieron en pandemia, y que se han integrado de forma efectiva en sus territorios.